Estado de excepción y militarización en Wallmapu: ¿combate contra el (narco)terrorismo o combate contrainsurgente?

El pasado martes 12 de octubre de 2021, el gobierno de Chile, encabezado por Sebastián Piñera, promulgó un decreto para declarar estado de excepción en la Macrozona Sur de la Araucanía, específicamente en los sectores de Malleco, Cautín, Bío-Bío y Arauco. Esto, previo aviso del día lunes 11 de octubre y en medio del dolor y consternación del pueblo chileno ante un nuevo asesinato de Denisse Cortés, activista de derechos humanos, a manos de las fuerzas represivas chilenas, en una nueva conmemoración del día que inaugura la colonización en nuestra américa. Apenas 10 días después de que la contraloría rechazaba nuevamente la intención del gobierno de decretar facultades especiales a las fuerzas armadas en la zona una vez terminara la pandemia^[1] por considerarla inconstitucional, el gobierno de Chile promulga de todas maneras un decreto anunciado por cadena nacional que permitirá sostener la presencia de las fuerzas del orden en la zona.

El día lunes 10 de mayo del presente año, La Tercera informó en su portada online^[2] la evaluación del gobierno de presentar un decreto (N°265) a contraloría, con la finalidad de permitir el apoyo de las FF.AA a las policías en la Macrozona Sur una vez terminara el estado de excepción. Esto suponía favorecer una colaboración en logística, tecnología y transporte, principalmente motivados para combatir “el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo”. La misma noticia informa que el año 2019 el gobierno, con algunas dificultades, promulgó un decreto que, con ´alcance´ de la contraloría, otorgaba facultades a las FF.AA para combatir en la zona el narcotráfico. Es decir, ya desde hace un tiempo se busca sostener la presencia de militares en la zona una vez la pandemia ya no justificara el estado de excepción, buscando así ampliar funciones y capacidades al Ejército de Chile en la Araucanía.

El año 2021 ha sido un año especialmente particular en lo que refiere a la relación entre el Estado nación chileno y el pueblo mapuche. Por primera vez en nuestra historia asistimos a un feriado universal para el año nuevo mapuche, ‘we tripantu’ o ‘we truñol’. Además, la elección de Elisa Loncon como presidenta de la Convención Constitucional representa un importante hecho simbólico en la actual coyuntura política. Sin embargo, también este año se ha agudizado el conflicto entre ambos actores, pudiendo advertir desde enero de este año a la fecha prácticamente una persona mapuche muerta por mes, incluyendo niños. En esta columna, queremos centrarnos en un elemento que consideramos de suma gravedad, por cuanto siendo una ‘fake new’ o abiertamente un relato mentiroso y manipulador por parte del bloque en el poder, intentar ligar la lucha mapuche con el narcotráfico. Además de sus imposibilidades materiales, es un discurso que daña profundamente nuestra democracia (si acaso puede existir tal ideal en el capitalismo, sobre todo siendo un país periférico).

Recientemente, el pasado jueves 26 de agosto, por medio de CNN, el subsecretario del Interior Francisco Galli, hizo un llamado a las comunidades mapuche a que se distanciaran del narcotráfico tras el conocimiento de la noticia de un ataque incendiario en la comuna de Tirúa donde murieron dos personas. En 2019, cuando se discutieron las posibilidades de otorgar a las fuerzas armadas las facultades anteriormente señaladas, el proyecto fue frenado apelando a la inconstitucionalidad de las medidas propuestas. Ahora bien, más allá de la acusación de inconstitucionalidad que pueda volver a poner en tela de juicio políticas de este tipo, parece oportuno cuestionarse sobre el sentido de esta política pública. ¿Por qué se insiste en militarizar la macrozona sur? ¿Sobre qué suposiciones se llega a la conclusión de que es la mejor manera de combatir la triangulación que hacen entre crimen organizado, narcotráfico y terrorismo? ¿Qué lecciones podemos sacar de la experiencia comparada y qué nos dice eso de posibles escenarios para el futuro?

La experiencia comparada muestra que la militarización de localidades donde supuestamente se quiere combatir el narcotráfico y/o el mercado de drogas, genera la tendencia justamente contraria. Si se intensifica el conflicto armado como sucediera en Venezuela^[3] o como en los casos colombiano y afgano, donde estas políticas vienen inspiradas en las asesorías o planes estadounidenses, el mercado de la droga termina por crecer. Además, hay elementos suficientes para pensar que, en realidad, más que responder a una realidad efectivamente concreta, políticas de este tipo responden a sesgos ideológicos particulares (es decir, a una ‘sobreideologización de derecha’) y están destinadas a dar un marco de institucionalidad o legalidad al ‹combate contrainsurgente›. En este caso, la excusa para profundizar el conflicto del Estado chileno contra el pueblo mapuche.

Si se hace una breve observación de noticias entre el treinta de septiembre de 2021, es decir, desde el día que la contraloría declara nuevamente inconstitucional un decreto de este tipo (la última vez antes de este anuncio hecho por cadena nacional) a la fecha, podemos notar cómo, además del paro de camioneros, que según Bío-Bío al dos de octubre ya llevaba tres jornadas de paro en Collipulli^[4], el discurso del combate al narcoterrorismo se levantó desde diversos espacios. El mismo día que la contraloría declaró inconstitucional el decreto, el diputado Mellado de RN se quejó contra el narcoterrorismo^[5]; el día tres de octubre, la senadora independiente pro RN Carmen Gloria Aravena mostró su preocupación por la predominancia del narcoterrorismo^[6]; el cinco de octubre fue Sebastián Sichel quien se pronunció al respecto en medio de la carrera presidencial^[7]; dos días después fue el turno de la también senadora Ena Von Baer^[8] y finalmente, el día nueve de octubre, fue el ministro Ossa^[9], quien ante el anuncio de la fiscalía de investigar a Piñera por los ‘pandora papers’, invitó de vuelta a la entidad judicial a investigar sobre el narcoterrorismo. Ese mismo día, el sábado nueve de octubre, el senador Chahuán^[10] solicitó explícitamente al presidente que decretase estado de excepción en la Macrozona Sur.

Este estado de excepción es expresión de la actualidad histórica de la Doctrina de Seguridad Nacional donde, el terrorismo como el narcotráfico, pasarían a ser el ‹enemigo interno› a combatir a fin de salvaguardar la ‘democracia’.

Ahora bien, si se analiza el problema desde el punto de vista del problema del narcotráfico y el crimen organizado, podemos plantear por varios motivos que, no solamente hay un error grueso de diagnóstico, sino también, una paradojal actitud de apostar por políticas que, lejos de subsanar el conflicto, lo podrían profundizar y robustecer. Es decir, que además de caracterizar el conflicto de una manera forzada para justificar la presencia del problema en la macrozona sur de la Araucanía, se suman medidas las cuales no van en la línea de resolver la problemática (en el caso que fuera cierto lo que se reclama que ocurre, la unidad entre crimen organizado y lucha mapuche) sino de profundizarla y utilizarla, en definitiva, como justificación para el combate contra el pueblo mapuche, en aras del combate contra el supuesto (narco)terrorismo. Situación que, por lo demás, es expresión de la actualidad histórica de la Doctrina de Seguridad Nacional donde, el terrorismo como el narcotráfico, pasarían a ser el ‹enemigo interno› a combatir a fin de salvaguardar la ‘democracia’.

Si asumimos, siguiendo a pensadores como Habermas, que para que la opinión pública constituya un espacio deliberativo sano, que enriquezca y profundice nuestra ‘democracia’, además de una actitud y orientación de nuestra actividad comunicativa al entendimiento, debe haber en la información que se trata, comunica o discute, criterios de validez y facticidad de lo que se está diciendo^[11]. Es decir, que es necesario contar con un mínimo de veracidad. A partir de las consideraciones de un pensador central para el liberalismo como John Rawls^[12], se puede señalar que cuando en una democracia se admite la propagación de discursos racionales, pero no razonables, es porque estamos ante hechos que, o bien están a la base del despliegue de pensamientos y acciones propias de regímenes extra-democráticos como las dictaduras o el fascismo, o bien, a lo menos, se está dañando profundamente la democracia. Las expresiones antes enunciadas, así como otras proferidas por Felipe y José Antonio Kast, Axel Kaiser o el subsecretario Galli, que vinculan al pueblo-nación mapuche como un actor que estaría relacionado orgánicamente al crimen organizado estarían en la línea de seguir afectando nuestra democracia.

Juan Pablo Luna, analista del Instituto Milenio Fundamento de Datos (IMFD) y estudioso de la problemática en la región, señala que hay tres mitos sobre el combate a las drogas que se deben subsanar para enfrentar de manera coherente y consistente con la realidad los desafíos que implica el crimen organizado^[13]. El primero, sobre la supuesta demarcación clara entre institucionalidad y crimen organizado. El segundo, sobre la supuesta focalización de la problemática del crimen organizado expresada en el narcotráfico que ocurriría únicamente en poblaciones. Y el tercero, sobre el hecho de que el narcotráfico genera violencia.

En cuanto al primer mito, sobre todo para el caso latinoamericano, pero también en otras partes del mundo, resulta claro que el crimen organizado muchas veces no solo penetra en los espacios institucionales, sino que también los hace parte de sus planes. Es lo que sucede en el caso mexicano, colombiano, brasileño o argentino con mayor notoriedad en nuestra región. Para el caso chileno ha existido la noción – o al menos eso ha intentado sostener la prensa hegemónica – de que el narcotráfico aparece ahí donde desaparece el Estado. Sin embargo, sabemos que esa situación está lejos de ser real, cuestión que se evidenció con mayor parafernalia en los vínculos del ex alcalde de San Ramón^[14] con el crimen organizado, pero que también se ha evidenciado en otras comunas del país.

Nuestra historia reciente, muestra que existe al menos desde la década de 1980, con el gobierno militar, un vínculo con una parte de la institucionalidad chilena y que, con el tiempo, aunque de manera menos evidente o más paulatina que lo ocurrido en los países mencionados anteriormente, se ha valido de una vinculación que se ha extendido a otras instituciones y se ha intensificado para seguir creciendo. Al ya existente mercado y paso de cocaína iniciado en la década de 1950, la dictadura vino a reestructurar su producción, su distribución e incluso su consumo en el país^[15]. Lo que fuera un secreto a voces, de que los militares habían armado a los narcotraficantes, dejó de serlo con la reciente comprobación de este vínculo, la cual ha sido llevada a la justicia por el capitán del ejército Rafael Harvey, quien, por lo demás, ha sido hostigado laboralmente impidiéndole ascender al grado de general^[16].

Respecto al segundo mito, el señalamiento de Luna no solo hace referencia a que el narcotráfico en las poblaciones no es el único ámbito organizativo del crimen organizado como se sugería en el mito anterior, sino a que estas redes, además de penetrar, valerse o ser parte de la institucionalidad democrática, sostienen un ciclo de trabajo de generación de valor por medio de una cadena productiva. Así, el círculo contempla la siguiente trayectoria sobre la que se especializan grupos operativos o de trabajo administrativo que dan vida y sostenibilidad en el tiempo a estas organizaciones: producción, macro-distribución, micro-distribución y lavado de dinero.

Se tiende a creer o generar la sensación de que el problema del narcotráfico se expresa únicamente en la micro-distribución. Sin embargo, esta se vale de centros productivos, con laboratorios, los cuales han llegado apenas recientemente a Chile, dado que hemos sido un país principalmente de paso y consumo en relación con las cadenas de producción, distribución y consumo globales^[17]. Es por esto que se prefiere hablar de crimen organizado antes que de narcotráfico, porque esto último sería apenas un aspecto del grueso del problema y complejo esquema organizativo en que se da esa función.

Por lo demás, en relación a la vinculación con el tema o la cuestión^[18] mapuche, si asumimos que está vinculado al narcotráfico, y por tanto, al crimen organizado, esperaríamos que tuvieran vínculos no solo en laboratorios productivos (los cuales, insistimos, si los hay en Chile, se han creado recientemente). Esperaríamos también que los vínculos se dieran en puertos o aduanas, para desarrollar la función de macro-distribución señalada por Luna o por medio de diversos tipos de cadenas o propiedades de diverso tipo que permitieran generar lavado de dinero. Esto último implicaría asumir que los mapuches fueran dueños de grandes empresas como cadenas hoteleras, constructoras, forestales o estuvieran insertos en los rumbos del capital financiero, o cualquier forma de negocio que le permita justificar liquidez y generación de valor para justificar la ganancia por la venta de drogas, lo cual podría juzgarse incluso de irracional.

En cuanto al tercer mito, sobre que el narco genera violencia, Luna señala que esta no es consustancial al narco pues este prefiere el orden y la estabilidad para poder cumplir con todas aquellas funciones que le permiten aumentar el volumen de su ganancia descrita anteriormente. Los espirales de violencia se darían cuando hay fracturas en el poder o caen los pactos de protección en los órdenes clandestinos, como ocurriera con el gobierno que sucedió a los 70 años del PRI en México. Señala Luna ‘los narcos 3.0, pasan piola’.

Esto nos lleva a un último elemento que nos parece relevante a la hora de echar por tierra supuestos sobre los que el pueblo mapuche estaría ligado al narcotráfico o el crimen organizado. La experiencia muestra que en aquellos países donde se ha combatido el crimen organizado desde el enfrentamiento violento, ha generado en ocasiones olas o espirales de violencia que, en una constatación de luchas de hegemonías, no resuelve el problema^[19]. Esto ha sucedido incluso en proyectos bolivarianos como el de Venezuela donde parte de la política del combate a las drogas, además de lo propuesto desde un enfoque de prevención, fue el enfrentamiento directo para desbaratar las bandas de narcotráfico, lo cual hasta la fecha ha generado una suerte de statu quo entre ambos actores. Lo mismo ha sucedido en Colombia y en Afganistán, donde a diferencia del caso venezolano, la política de combate a las drogas se ha diseñado e implementado principalmente por Estados Unidos^[20].

En ambos casos, tanto en la implementación del plan Colombia a partir del año 80’, como de la lucha contra las drogas en Afganistán, creció tanto la violencia – aunque, como veremos, no necesariamente direccionada hacia el narcotráfico – como la distribución y el consumo de drogas en los principales mercados donde exportan estos países^[21]. Ahora bien, uno de los elementos que se puede desprender de ambas experiencias, es que, tras el manto del combate al narco o narcoterrorismo, se da una doble situación. Por una parte, Estados Unidos fortalece y/o actualiza sus vinculaciones con dicho mercado en momentos estratégicos^[22]; mientras que por otra, cualifica sus políticas militares orientadas a sostener la hegemonía en sus radios de influencia perfeccionando las sutilezas de su combate contrainsurgente.

Queremos finalizar nuestra reflexión con este último punto. En un reciente informe de política pública donde participaron autoridades como el presidente del Senado de Estados Unidos, se presentó entre las conclusiones que, en cuarenta años, el plan Colombia habría sido un pésimo programa antidrogas y un excelente plan contrainsurgente^[23]. Esto es de especial importancia para el caso chileno si se toma en cuenta que el ‘Comando Jungla’, aquellas fuerzas especiales creadas para combatir al pueblo mapuche en la Araucanía fueron formadas justamente por las fuerzas especiales colombianas que combatieron las FARC. De este modo, así como culparon a los Talibanes de narcotraficantes y Al-Qaeda de terrorismo para justificar con ello la intervención para combatir las drogas en ese país, así como han asociado a las FARC en Colombia con el crimen organizado, esperan que creamos que en Chile el pueblo nación mapuche es una organización criminal transnacional que invierte en el mercado financiero, en cadenas de hotelería o en paraísos fiscales para poder lavar su dinero y vienen abasteciendo desde alguna época un mercado que creció justamente al alero de quienes los enfrentan militarmente: las fuerzas armadas. Nada más lejos de la realidad.

La irresponsabilidad de quienes propagan este tipo de relatos en la población es de un carácter mayúsculo. Como hemos dicho, en el marco de una interpretación de la democracia liberal y deliberativa, ni siquiera a partir de una concepción de la lucha de clases, lo que hacen quienes reproducen este discurso es dañar profundamente la convivencia nacional, cortar o romper los vínculos que sostienen la idea de cohesión social que incluso a ellos les gusta salvaguardar. Ahora bien, más allá de las responsabilidades de los sectores dominantes en el país que profieren estas tácticas, ¿Qué lecciones podemos sacar de toda esta reflexión? ¿Qué elementos podemos sustraer en limpio para interpretar históricamente lo que está sucediendo y con ello aportar a reflexionar sobre marcos de acción útiles a las problemáticas que esto supone?

En primer lugar, como hemos señalado, el combate a las drogas por medio de la militarización no resuelve el problema, sino que genera espirales de violencia y en el mejor de los casos, situaciones de mantención del statu quo. En segundo lugar, como ha mostrado el reciente informe del Senado de Estados Unidos que evalúa el impacto del plan Colombia, así como la situación en Afganistán del crecimiento de producción y consumo de heroína en sus principales centros de comercio y producción (EE.UU y Europa en cuanto a consumo), nos dan cuenta de que cuando esta política viene acompañada o ungida por la política exterior estadounidense, el combate a las drogas no es tal y este combate o guerra se da más bien por una necesidad de combatir a algún enemigo interno declarado como contrainsurgente, en este caso el pueblo mapuche. Pero, además, el mercado de la droga lejos de controlarse se amplía y profundiza, generando mayor producción y por tanto mayor distribución^[24] y consumo de lo que generan.

Podríamos hipotetizar incluso, si acaso en una forma análoga a lo que entienden por acuerdos de paz, el relato del combate contra las drogas para las clases dominantes internacionales significa justamente lo contrario. Si miramos los acuerdos de Oslo o Camp David en el caso Palestino, los acuerdos de Paz en Colombia en 2016 o el reciente acuerdo de paz firmado en Chile en 2019, podemos notar que en todos los casos dicha tregua no ha venido precisamente de los gobiernos o clases dominantes a la hora de firmar cada uno de sus acuerdos. De ese mismo modo, lo que hemos podido observar, es que en su política imperial, algunas de las veces (2 por lo menos significativas) en que Estados Unidos ha justificado su intromisión militar en países en función del combate a las drogas o al terrorismo, esto ha generado la tendencia justamente contraria en el campo de la lucha contra las drogas: es decir, se amplifica su producción, su distribución y su consumo.

Si seguimos las reflexiones de Luna en Ciper^[25], esto es muestra de una trayectoria mayor en la cual, tardíamente en la región, nos estamos sumando a un camino donde el crimen organizado va tomando una presencia cada vez más significativa en nuestra vida nacional. Esto, además de los daños causados por reproducir un discurso falso que debieran preocupar a quienes defienden los principios de la democracia liberal, nos obliga a pensar en otras problemáticas que también deben ser abordadas con seriedad. Una de ellas, sobre los límites de la acción de la actual democracia representativa y la institucionalidad burguesa, entendiendo que en este escenario ha sido penetrada por el crimen organizado. Otra, sobre la actualidad histórica de los vínculos de las clases dominantes chilenas con el imperialismo estadounidense, al punto de haber un claro alineamiento con la creación de un relato de un enemigo interno, que viene desde fuera.

Ambas cuestiones implican desafíos profundos cuyas soluciones iremos encontrando al calor de la práctica. Sin embargo, enunciar teóricamente los desafíos que esto supone, resulta un ejercicio sumamente necesario para no caer en el voluntarismo ni en el desarrollo de planes de acción política que queden excedidos por la realidad. Sin duda en esta reflexión no se resuelven los problemas que aquí se enuncian y podemos encontrar otras reflexiones sólidas para profundizar en lo que aquí se ha dicho^[26]. No obstante esto, el ejercicio de intentar develar sobre qué lógica se está operando es fundamental para situar a qué nos estamos ateniendo. En este sentido, esperamos que esta reflexión, que consideramos complementaria a otras, haya ayudado a situar una problemática que debería mantenernos atentos y despiertos en tanto organizaciones del mundo popular.

Referencias bibliográficas:

Gootenberg, Paul. (2009). Andean cocaine: the making of a global war. North Carolina: University of North Carolina Press.
Habermas, Jurgen. (1998). ‘Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso’. Madrid: Trotta.
Labrousse, Alain. (2012). ‘Geopolítica de las drogas’. Santiago: LOM.
Lessing, B. (2018). ‘Making peace in drug wars. Crackdowns and cartels in Latin America’. Cambridge: Cambridge University Press.
Rawls, John. (1996). ‘El liberalismo político’. Barcelona: Grijalbo Mondadori.
Rebolledo, J. (2021). ‘La guerra de Harvey. Tradición y corrupción en el Ejército de Chile’. Santiago: Ceibo.
Said, Edward. (2011) . La cuestión Palestina. España: Debate.

Referencias electrónicas:

https://araucaniadiario.cl/contenido/13216/contraloria-rechaza-decreto-que-permitia-uso-de-fuerzas-armadas-en-macrozona-sur
https://www.latercera.com/nacional/noticia/militares-en-la-macrozona-sur-gobierno-estudia-ingreso-de-decreto-a-contraloria-para-que-ffaa-apoyen-a-policias/TJG62IE3NBHX3IN3GC7GBBMRSE/
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2021/10/02/protesta-de-camioneros-tercera-jornada-consecutiva-de-manifestaciones-en-collipulli-y-los-angeles.shtml
https://www.24horas.cl/regiones/araucania/el-contralor-no-entiende-en-que-pais-estamos-viviendo-mellado-por-inconstitucionalidad-de-decreto-que-buscaba-patrullaje-militar-en-macrozona-sur-4995510
https://www.radioagricultura.cl/politica/2021/10/03/senadora-aravena-las-policias-estan-sobrepasadas-se-requiere-del-apoyo-de-las-ff-aa-en-la-macrozona-sur.html
https://www.cnnchile.com/pais/sichel-acompanamiento-fuerzas-armadas-a-carabineros-macro-zona-sur_20211005/
https://ellibero.cl/actualidad/senadora-ena-von-baer-por-atentado-en-mafil-esto-se-trata-de-narcoterrorismo-y-control-territorial/
https://www.adnradio.cl/politica/2021/10/09/ministro-ossa-envio-mensaje-a-la-fiscalia-nacional-la-invitaria-a-investigar-con-la-misma-fuerza-el-narcoterrorismo-en-la-araucania.html
https://www.cnnchile.com/pais/chahuan-pinera-estado-excepcion-constitucional_20211009/
https://www.ciperchile.cl/2021/01/02/mitos-sobre-la-fallida-guerra-contra-el-narco-en-chile/
https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-chile/perfil-de-chile/#Grupos
https://www.semana.com/por-que-estados-unidos-perdio-la-guerra-contra-el-opio-en-afganistan-tras-gastar-us1500-millones/272234/
https://razonpublica.com/fracaso-del-plan-colombia-segun-informe-oficial-estados-unidos/
https://www.ciperchile.cl/2017/02/27/crimen-organizado-la-amenaza-al-sistema-politico-chileno-que-se-ignora/
https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2021/02/06/narcoterrorismo-en-la-araucania.html
https://radio.uchile.cl/2021/01/18/pueblo-mapuche-violencia-y-narcotrafico-nueva-estrategia-de-intervencion-en-la-araucania/
https://www.ciperchile.cl/2021/07/14/para-que-se-construyo-la-idea-del-narcoterrorismo-en-wallmapu/

NOTAS

^[1] https://araucaniadiario.cl/contenido/13216/contraloria-rechaza-decreto-que-permitia-uso-de-fuerzas-armadas-en-macrozona-sur

^[2] https://www.latercera.com/nacional/noticia/militares-en-la-macrozona-sur-gobierno-estudia-ingreso-de-decreto-a-contraloria-para-que-ffaa-apoyen-a-policias/TJG62IE3NBHX3IN3GC7GBBMRSE/

^[3]Lessing, B. (2018). Making peace in drug wars. Crackdowns and cartels in Latin America. Cambridge University Press.

^[4] https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2021/10/02/protesta-de-camioneros-tercera-jornada-consecutiva-de-manifestaciones-en-collipulli-y-los-angeles.shtml

^[5] https://www.24horas.cl/regiones/araucania/el-contralor-no-entiende-en-que-pais-estamos-viviendo-mellado-por-inconstitucionalidad-de-decreto-que-buscaba-patrullaje-militar-en-macrozona-sur-4995510

^[6] https://www.radioagricultura.cl/politica/2021/10/03/senadora-aravena-las-policias-estan-sobrepasadas-se-requiere-del-apoyo-de-las-ff-aa-en-la-macrozona-sur.html

^[7] https://www.cnnchile.com/pais/sichel-acompanamiento-fuerzas-armadas-a-carabineros-macro-zona-sur_20211005/

^[8] https://ellibero.cl/actualidad/senadora-ena-von-baer-por-atentado-en-mafil-esto-se-trata-de-narcoterrorismo-y-control-territorial/

^[9] https://www.adnradio.cl/politica/2021/10/09/ministro-ossa-envio-mensaje-a-la-fiscalia-nacional-la-invitaria-a-investigar-con-la-misma-fuerza-el-narcoterrorismo-en-la-araucania.html

^[10] https://www.cnnchile.com/pais/chahuan-pinera-estado-excepcion-constitucional_20211009/

^[11] Habermas, J. (1998). ‘Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso’. Madrid: Trotta.

^[12] Rawls, John. (1996). ‘El liberalismo político’. Barcelona: Grijalbo Mondadori.

^[13] https://www.ciperchile.cl/2021/01/02/mitos-sobre-la-fallida-guerra-contra-el-narco-en-chile/

^[14] https://www.24horas.cl/programas/informeespecial/informe-especial-los-tentaculos-narcos-en-san-ramon-2520944

^[15] Gootenberg, P. (2009). Andean Cocaine. North Carolina. University of North Carolina Press.

^[16] Recientemente Javier Rebolledo, quien también hace poco co-escribió ‘Rati’ junto a Dauno Tótoro para contar la historia de ‘La Oficina’, el organismo de inteligencia de la concertación entrados los años noventa, ha escrito un libro donde reflexiona sobre las vivencias del capitán Harvey al interior del ejército. Ver: Rebolledo, J. (2021). ‘La guerra de Harvey. Tradición y corrupción en el Ejército de Chile’. Santiago, Ceibo.

^[17] https://es.insightcrime.org/noticias-crimen-organizado-chile/perfil-de-chile/#Grupos

^[18] Las reflexiones de Edward Said, además de prominentes en la relación entre cultura e imperialismo, ayudan a situar nociones sobre las que pensar los conflictos coloniales en general. Ver: Said, E. (2011). La cuestión Palestina. España: debate.

^[19] Lessing, B. (2018). Making peace in drug wars. Crackdowns and cartels in Latin America. Cambridge University Press.

^[20] Este es un dato no menor si se tiene en cuenta la influencia de la política estadounidense en la política nacional y en particular en su relación al estamento militar en vinculaciones como las que hay con el Comando Sur.

^[21] https://www.semana.com/por-que-estados-unidos-perdio-la-guerra-contra-el-opio-en-afganistan-tras-gastar-us1500-millones/272234/

^[22]Por temas de extensión no nos referiremos a este tema. Pero en lo que refiere a Afganistán, el vínculo entre familias estadounidenses y el mercado del opio y la amapola en ese país se puede rastrear a fines del siglo XIX. Ver: Labrousse, A. (2012). Geopolítica de las drogas. LOM. Santiago.

Por lo demás, los actuales hechos de Afganistán dan cuenta de la importancia estratégica de esta zona para Estados Unidos, no solo porque mejoraron su situación en el mercado de la droga – que ahora probablemente sí estén compartiendo con el Talibán – o porque Donald Trump fuera quien facilitara el regreso de El Talibán, comprendiendo que es una fuerza le puede ser útil en la región al predominar una creencia similar a la wahabi que predomina en la monarquía Saudí, aliado clave de EE.UU en la zona, sino también porque es una ruta de paso para el gran proyecto económico de la ruta de la seda China y se sitúa en la frontera con Irán, adversario estratégico en la zona. Se sugiere escuchar los comentarios del analista de la radio Universidad de Chile Pablo Jofré Leal titulado ‘Afganistán en manos de los talibanes’. Ver: https://prensaopal.cl/2021/08/15/afganistan-en-manos-de-los-taliban/

^[23] https://razonpublica.com/fracaso-del-plan-colombia-segun-informe-oficial-estados-unidos/

^[24] Insistir en la dialéctica producción-distribución-consumo no es mera maña, sino una atención a recordar que desde la esfera de la producción a la de la distribución en mercancías como esta, pero también de otro tipo de bienes comunes, el precio se eleva de manera exponencial, lo que es uno de los síntomas del funcionamiento del capital según leyes que supeditan el grueso de la actividad social y laboral a la acumulación de ganancia.

^[25] https://www.ciperchile.cl/2017/02/27/crimen-organizado-la-amenaza-al-sistema-politico-chileno-que-se-ignora/

^[26] https://www.eldesconcierto.cl/reportajes/2021/02/06/narcoterrorismo-en-la-araucania.html; https://radio.uchile.cl/2021/01/18/pueblo-mapuche-violencia-y-narcotrafico-nueva-estrategia-de-intervencion-en-la-araucania/; https://www.ciperchile.cl/2021/07/14/para-que-se-construyo-la-idea-del-narcoterrorismo-en-wallmapu/.