Mildred Thompson, Magnetic Fields (1991) Han pasado varios días desde que funcionarios de Carabineros dispararon directamente a niñes del Hogar Carlos Macera, residencia del Servicio Nacional de Menores (SENAME) en la ciudad de Talcahuano. Los medios informaron que, producto de una “descompensación” de un niño, la residencia llamó al Servicio de Salud y a Carabineros. Esto generó una protesta de les demás niñes de la residencia, y finalmente Carabineros les dispara, en una situación que la prensa califica como “confusa”. El saldo de este ataque fueron dos niños heridos de bala, quienes fueron trasladados a un recinto asistencial para ser atendidos. Posterior a este suceso, vimos la formalización de uno de los carabineros que participó del ataque al hogar, quien después se querelló contra les niñes, querella que fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de Talcahuano.
Bien sabemos que este hecho no es aislado. Gracias a la memoria, recordamos que esta no es la primera vez que la residencia Carlos Macera provoca una situación de extrema vulnerabilidad para les niñes del lugar. Denuncias por abusos sexuales, violencia (policial y civil) y malos tratos hacia les niñes del hogar son habituales en la red del SENAME, habituales en la vida de todes les niñes y jóvenes pobres de nuestro país y de Latinoamérica, de las cuales las policías, como veremos más adelante, son cómplices directas.
Todo esto se da en el contexto del anuncio del fin del SENAME y la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que aparece más como un cambio de nombre que una modificación radical en la política para enfrentar los problemas históricos asociados a los niños, niñas, niñes, y jóvenes.
Este hecho ocurrido en Talcahuano nos permite observar dinámicas comunes y propias del sistema en el que vivimos, el cual subordina a grupos específicos para mantener el orden social y asegurar la reproducción de la sociedad de la manera que la conocemos. Nos muestra la violencia adultocéntrica como una forma de controlar y gestionar la niñez y juventud, lo cual se da a través de diferentes mecanismos, pero particularmente en este caso, a través de la patologización de las consecuencias de la pobreza, su criminalización y la represión policial.
Es en la vida de les niñes y jóvenes que viven en condiciones de vulneración donde se muestra de manera más explícita las consecuencias del capitalismo. La pobreza, y por ende la imposibilidad de satisfacer necesidades básicas como el abrigo o la alimentación, las experiencias de maltrato y violencia física, psicológica, sexual y política, la inaccesibilidad al sistema de salud, de educación, la deprivación cultural, las carencias afectivas y simbólicas, la obligación de procesos de identificación en términos de género y contexto de residencia o procedencia, son solo algunas de las vivencias que deben experimentar les niñes y jóvenes en el Chile actual.
Como el sistema capitalista y patriarcal requiere crear y cualificar fuerza de trabajo, establece mecanismos para asegurar la reproducción de la vida en sus términos. Esto produce vicios, miseria más allá de la que puede sostener, por lo que además debe responder a las diversas crisis que su funcionamiento ha creado y aplacar sus propios excesos. Entre ellos, se encuentra el sistema de protección de la niñez, que en Chile se manifiesta a través del SENAME. Este busca dar respuesta a las necesidades básicas para que estas personas puedan crecer y desarrollarse, para luego insertarse en el sistema productivo y reproductivo, cumpliendo así su función como un dispositivo que da respuesta a condiciones mínimas de subsistencia. Aquellas personas que no pueden o no quieren encajar, son criminalizadas y finalmente terminan en la cárcel.
Si bien Chile ha adherido a la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, su política de protección en conjunto es completamente insuficiente para suplir las múltiples necesidades que surgen al alero de experiencias de opresión. Finalmente, las acciones dirigidas a la niñez y juventud, entre ellas los programas de protección y de judicialización, marcadas por la deficiencia de recursos, la sobre-intervención, la desafiliación y su propia orientación ideológica, terminan por constituir un sistema de desprotección y abandono que deviene en un espiral de precarización sin fin. Además, existe una especificidad de género, pues sobre niñas y niñeces/juventudes disidentes recae una violencia de tipo económica-sexual y/o político-sexual, lo cual determina de manera particular las restringidas oportunidades de vivir en condiciones dignas. La sumatoria puede terminar en que cualquier niñe o joven se involucre en situaciones que perpetúen su posición de desigualdad, tales como las actividades delictuales, la explotación sexual, el trabajo infantil, el vivir en situación de calle, utilizar mecanismos violentos para generar relaciones sociales, entre muchas otras.
En este contexto aparecen las policías. Ya sabemos que su función no es la protección contra el crimen y la solución de conflictos, sino el control social y la represión de quienes no encajan en la norma del sistema capitalista patriarcal, racista y adultocentrista. Nada tienen que ver con la seguridad de las personas, sino que es una más de las instituciones que precarizan nuestras vidas. La instrumentalización del delito y la inseguridad frente a él, para legitimar el sistema penal, la cárcel y la represión policial, es una herramienta útil para controlar y administrar nuestras vidas.
La violencia estatal se ha agudizado en los últimos años como parte del giro autoritario del régimen político chileno frente a la imposibilidad de administrar las constantes crisis del capitalismo, lo que ha aumentado la represión policial ante aquellos sectores que significan una amenaza para el régimen actual. Particularmente en materia de niñez y juventud, históricamente esta violencia ha tenido como elemento central las agresiones ejercidas a través de la institucionalización de les niñes y jóvenes pobres y la criminalización de su facción combativa o sobreviviente.
Lo vemos hoy, en la composición de la primera línea, en los “castigos ejemplares” en contra de jóvenes que protestan contra un sistema injusto y precarizador; también vemos su expresión en dichos de personas como Teodoro Ribera, que sin asco ni vergüenza llama a distinguir entre niñes que cometen delitos y niñes que no, y que solo les últimes merecen protección.
Y lo vimos en los 90, cuando los gobiernos de la Concertación se abocaron a fortalecer las policías para mantener el frágil orden en los territorios. En particular, hubo diversas iniciativas basadas en la inclusión/exclusión de personas y sectores sociales que históricamente no tenían adherencia al sistema capitalista neoliberal instaurado. Uno de los ejes centrales de este ordenamiento, fue la juventud popular como objeto de gestión gubernamental, promoviendo un falso sentido de participación y reinserción con el control y represión policial, todo muy legal, y con un marcado énfasis en la represión policial, pues se les vinculaba a los grupos de la lucha armada contra dictadura. En los 90, hay dos aspectos clave: el rol institucional del INJUV y la labor policial en torno a la seguridad ciudadana. Respecto al primero, los plazos de información eran demasiados limitados, el presupuesto escaso y la corta duración de los programas no permitía generar procesos de integración y participación activa, por lo que nunca resultó un programa beneficioso. ¿SENAME, eres tú?
Respecto a la represión policial, la detención por sospecha y la instauración de programas como Barrio Seguro y Paz Ciudadana (1992) se concentraron en barrios marginales y personas pobres. En esta época también se creó la Ley de Seguridad Interior del Estado. Cómo ejemplo, según Amnistía Internacional, en la década de 1990 existieron alrededor de 40 casos denunciados de tortura y muerte de jóvenes por parte de funcionarios policiales. Por otra parte la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), entre noviembre y diciembre de 1991, denunció otros 20 casos de violencia policial contra la juventud.
En resumen, el ataque de la policía al Hogar Carlos Macera es sólo una expresión más de la violencia adultocentrista, estructural e institucionalizada a la que se ven enfrentades les niñes y jóvenes, especialmente les pobres. Su destino es terminar en residencias de protección o en centros de internación provisoria, como resultado directo de esta violencia, ya que no se les considera sujetes polítiques, sino como personas que sobran, y por la desidia de un mundo adulto que les vigila, controla y, en definitiva, administra para alimentar el sistema socioeconómico en el que vivimos.
Niñes y jóvenes en cuanto clase trabajadora: la socialización de los cuidados y la colectivización de nuestra seguridad
Pasar del SENAME al Sistema de Protección Especializada no basta, así como tampoco basta un sistema de protección que reproduzca y profundice la violencia adultocéntrica a través de sus instituciones. Si el Estado solo provee servicios asociados a asegurar el desarrollo de una fuerza de trabajo al margen de la sociedad, entonces no es el tipo de protección que queremos construir, sino que es una institucionalización de la pobreza. Por nuestra parte, apostamos por avanzar hacia la socialización de los cuidados y la crianza de características diferentes, entendido como un trabajo con un carácter no mercantil. Este debe ser asegurado por el Estado, es decir, que contemple financiamiento público, sin subsidio a lo privado, pero debe posicionarse en contra de los pilares opresivos y antidemocráticos del Estado actual, incluyendo una participación activa del contexto comunitario/familiar y social. Esto es simplemente un mínimo en el marco de la sociedad capitalista.
Pensar este mínimo implica una orientación clara y específica: requerimos reconocer a les niñes y jóvenes como sujetes politiques, como actores y actrices fundamentales en las transformaciones que queremos impulsar, en tanto son parte del pueblo trabajador. Propiciar su propia identificación como protagonistas de esta sociedad y de sus vidas, rompiendo con sus culpas y malestares impuestos, y avanzar así hacia la consolidación de su propia conciencia de clase y su participación activa en todas las dimensiones de la vida. Que sepan que pueden exigirlo todo, exigir todo lo que les han arrebatado.
En este proceso constituyente y destituyente en desarrollo, a la izquierda anticapitalista y feminista nos cabe una tarea fundamental: por una parte, abandonar los conceptos hegemónicos de la niñez y juventud que las muestran acríticamente, despolitizadas y desafiliadas de toda la vida social y, por otra parte, establecer en el conflicto asociado a la niñez y juventud que hemos descrito, su conexión con la totalidad de la opresión capitalista que nos hunde en la miseria.
Nuestra principal tarea es, en conjunto, construir un mundo donde situaciones como el ataque policial al Hogar Carlos Macera no sean posibles. Para nuestra seguridad, no necesitamos policías, precisamos una transformación total de nuestras condiciones de vida, el desmantelamiento de todas las instituciones que perpetúan la violencia hacia nuestro pueblo y, finalmente, la superación del capitalismo como el modo de organización de nuestras vidas, construyendo así una nueva sociedad que asegure una vida plena y digna para todes, incluyendo niñes y jóvenes.
Abogada penalista. Activista anticarcelaria. Militante de Solidaridad.
Terapeuta ocupacional, activista del Movimiento Salud para Todas y Todos (MSPT) y militante de Solidaridad.
