The Innocent Eye Test (1981), Mark Tansey Se perfila una coyuntura que avanza a pasos agigantados. La victoria electoral de Piñera expresa un nuevo golpe al conjunto del pueblo trabajador de parte de la fracción hegemónica del capital que opera en nuestro país. No se trata simplemente del retorno de la derecha al gobierno, sino de una continuidad y profundización del proyecto pavimentado, si bien con matices, por todos los gobiernos que encarnaron el llamado “pacto transicional” –aunque, como veremos, ya no con la misma “unidad de propósito” ni el mismo estado de ánimo de los distintos sectores sociales. El escenario cambia, las fuerzas se reagrupan, la disposición de lucha se modifica.
En términos generales, nos enfrentamos a un escenario político convulso, marcado en lo inmediato por una administración que ha comenzado gobernando prácticamente “por decreto”.[1] En el mediano plazo, observamos un escenario dominado por las crecientes dificultades que enfrenta la fracción rentista-financiera –sector hegemónico del capital que opera en nuestro a país– para mantener y expandir sus márgenes de rentabilidad y, por ende, poder competir por la apropiación de renta de la tierra en el mercado mundial. A pesar de los mayores niveles de agitación social, dichas dificultades no han provenido fundamentalmente del lento resurgimiento y recomposición del movimiento social, sino de los intentos de dicho sector por responder oportunamente a las grandes tendencias del mercado mundial –por ejemplo, a la contracción de la renta de las mercancías primarias como el cobre. Las maniobras de los distintos gobiernos del pacto se han ajustado principalmente a esos vaivenes del mercado, sorteando y conduciendo a la vez sus efectos hacia los sectores más precarizados de la clase obrera.[2]
Podemos agrupar la dinámica rentista de la acumulación de capital que caracteriza a nuestro país y, por tanto, la correspondiente realineación de las fuerzas políticas que la personifican, en cuatro hipótesis fundamentales: una tendencia general hacia la consolidación de Chile y la región como fuentes de sobrepoblación relativa latente y estancada; un debilitamiento del “pacto transicional” y una realineación de fuerzas políticas; la apertura de una disputa por la hegemonía y la dirección política del país; y la emergencia de un espacio antineoliberal junto a nuevas dinámicas de contención social. Dado que el énfasis de este artículo está puesto en una caracterización de la coyuntura, nos centraremos en el detalle de las tres últimas hipótesis, teniendo como trasfondo las tendencias generales descritas en la primera. Veamos en qué consisten.
Avance hacia la consolidación de Chile y la región como fuentes de sobrepoblación relativa latente y estancada
Podemos caracterizar la tendencia general del periodo, en el caso chileno, como un largo proceso de recomposición del tejido social y de rearme político de nuestra clase, golpeada y desarticulada brutalmente a partir de 1973. Las medidas impulsadas durante la dictadura, como la acelerada desindustrialización, la apertura comercial y la consecuente expansión del endeudamiento externo, la privatización de empresas estratégicas (aguas, energía, etc.), han contribuido a una fuerte expansión de la sobrepoblación relativa bajo la forma del desempleo sostenido y los niveles crecientes de precarización laboral. Las distintas formas de apropiación de renta de la tierra[3] le han permitido al gran capital rentista, comercial y financiero valorizarse a una tasa de ganancia media e incluso extraordinaria, compensando así la menor productividad con la que operan en el mercado interno respecto de los capitales de los “países clásicos” que operan a nivel mundial. Mediante la exportación de materias primas abaratadas por la mayor productividad que permiten nuestras peculiares condiciones naturales, se constituye a nuestro país y a la región como una fuente permanente de plusvalía relativa para dichos países.[4] Esta tendencia, junto a una artificialmente sostenida expansión de la capacidad de consumo vía el aumento del crédito y la deuda (capital ficticio) ha posibilitado una fuerte polarización, diferenciación y fragmentación de la clase obrera –cuyo estrato más precario lo conforman principalmente mujeres y migrantes. Todo esto en un contexto mundial de avance hacia una nueva crisis de sobreproducción general, posiblemente más aguda que la del 2008, y cuyos signos visibles son la contracción de la expansión de la economía china con la consecuente caída general del precio de las materias primas, sumado a la reciente “guerra comercial” entre Estados Unidos y China.[5]
Debilitamiento del “pacto transicional” y realineación de fuerzas políticas
A estas alturas, para nadie es sorpresa el resquebrajamiento del régimen político que ha dominado desde la llamada transición, aunque el cuestionamiento a su representatividad y legitimidad no implica necesariamente la emergencia de una alternativa que actúe como un serio contrapeso. Se agudiza, por tanto, la tendencia al reagrupamiento de nuevos polos –incluyendo sectores progresistas y de la derecha en recomposición– que buscan reconfigurar un gran centro político, sumándose a la realineación, la emergencia de partidos de extrema derecha en la arena pública (Acción Republicana). Se fisura la idea de “mantener el equilibrio”, principal premisa que buscó desmovilizar la creciente agitación social durante la primera década del siglo. El vaciamiento del centro político abre la disputa por ocuparlo y resignificarlo.
La imposibilidad de dar continuidad al proyecto de “crecimiento con equidad” –posibilitado en su momento por la suba en la renta del cobre– acelera la descomposición de la Nueva Mayoría, pese a los constantes refritos de sus portavoces (Lagos, Bachelet, etc.). Se comienza a desarrollar un “desacople” de sus bases sociales de apoyo y legitimación. Este fenómeno es correlativo a la emergencia de distintas fuerzas “por fuera” del pacto, quienes finalmente conforman lo que hoy conocemos como Frente Amplio (a fines del 2016).
Por otra parte, durante el año pasado asistimos a un reacomodo del Bloque en el Poder con un claro giro hacia el piñerismo, evidenciado en los resultados de las elecciones de la CPC y la SOFOFA. Este sector actúa como centro gravitacional de las múltiples formas que asumen las fuerzas políticas de la derecha. La estabilización relativa del precio del cobre (desde fines del 2017) junto a la –también relativa– recuperación económica impulsada por una mayor productividad de la minería y el sector energético, posibilitaron el relanzamiento del relato de la prioridad del crecimiento y la agenda pro-inversión, aunque actualmente se observan señales de desaceleración en dichos sectores.[6] A principios de este año es ya evidente el desarrollo de una dinámica de realineación, reorientación y rearme de fuerzas políticas, sustentada por la disputa acerca de cuáles serán las fuerzas de clase que logren administrar más eficientemente el desarrollo capitalista en Chile durante las próximas décadas.
Disputa por la hegemonía y la dirección política del país
Nos encontramos aún en un proceso abierto de reconfiguración de las alianzas políticas existentes y posibles. Al fisurarse la cohesión de las fuerzas políticas de la transición se abre la posibilidad de disputa por encarnar la dirección política del país ¿cómo se orientará? ¿qué sectores se impondrán? ¿qué grandes temas y sentidos se movilizarán para cohesionar nuevamente a la sociedad? Se está configurando un ciclo político de al menos ocho años. A pesar de las dificultades, con el actual gobierno se vuelve a fortalecer la unidad de la burguesía y, por ende, la de sus diversos representantes políticos.
En este escenario, podemos preguntarnos ¿hacia la conformación de qué derecha avanza la derecha? Por un lado, vemos el intento de configuración de una “derecha centrista”, que enfoca su discurso hacia los sectores más precarizados. Esta derecha actuaría como centro de gravedad en torno al cual pululan otras corrientes, desde la derecha tradicional (UDI) hasta la nueva extrema derecha (Acción Republicana), llegando incluso a grupos neofascistas con inserción social en las capas populares.[7]
En lo que va del año, el gobierno de Piñera se ha caracterizado principalmente por intentar implementar una agenda pro-crecimiento mediante un fuerte impulso a las nuevas inversiones y un compromiso con destrabar las inversiones en curso. Sin embargo, la SOFOFA –con Bernardo Larraín Matte a la cabeza– no parece a gusto con las iniciativas, por lo que plantea un giro “reformista pro-inversión”, es decir, realizar reformas mínimas que aseguren la estabilidad política del país en el mediano y largo plazo.[8] Por otra parte, se observan serios problemas como la quiebra y cierre de cuatro empresas (Maersk, Cial, Pastas Suazo, Iansa) con el consecuente despido de más de 8 mil trabajadores y trabajadoras. Esto sumado a desvinculaciones masivas en otros sectores como comunicaciones.[9]
Tras su fracaso electoral, las fuerzas autodenominadas “progresistas” (desde la izquierda de la DC al PC) han intentado infructuosamente reconfigurar la llamada “centro izquierda” para legitimarse como oposición al nuevo gobierno (“Sequía legislativa”[10], “Encuentro para un nuevo Chile”[11]). Las relativas claridades que se pueden observar en la derecha desaparecen completamente en la ex-Nueva Mayoría. Se plantea revisar ciertas alianzas por parte del PPD, refiriéndose al Partido Comunista.[12] Se abre una nueva disputa por la dirección de los aparatos internos de los partidos que componen la ex-coalición. Existe, por ejemplo, una revitalización de los sectores laguistas, como también acercamientos desde sectores del PC al Frente Amplio y viceversa.
El Frente Amplio, por su parte, no ha logrado articularse realmente como una oposición de peso debido a sus diferencias internas, no sólo entre sus partidos, sino que entre su bloque de conducción y las dirigencias sociales. Casi todas sus energías se han destinado, por un lado, a las acciones públicas de la bancada electa y, por otro, a la conformación de una “convergencia” de sus partidos más a la izquierda (MA, IL, ND, SOL, IA y otros). Dichos sectores pretenden superar el mero frente electoral y constituirse en un “partido antineoliberal” que tenga factibilidad de acceder a un futuro gobierno.[13]
A pesar de importantes avances relativos, principalmente en el marco de la luchas previsionales, feministas y territoriales, la izquierda de intención revolucionaria se mantiene marginalizada de este proceso general de disputa, toda vez que, en general, su fidelidad doctrinaria termina pesando más que consideraciones estratégicas y tácticas con criterios mínimos de realismo político. Mientras algunas de sus organizaciones se resisten a reconocer este hecho, e insisten en que no se trata de enmendar el camino llevado hasta ahora, sino de saber implementar “mejor” lo que se ha propuesto, sea por la vía de seguir acumulando fuerzas indefinidamente[14], o únicamente fortaleciendo cada frente sectorial por separado; otras se plantean la necesidad de construir instrumentos políticos que permitan la referenciación pública de sus ideas de cara a amplios sectores del pueblo trabajador.
Emergencia de un espacio antineoliberal y las nuevas dinámicas que adopta la contención social
La tendencia general a la realineación de fuerzas en disputa por la dirección política posibilita la apertura de un espacio político antineoliberal cuyos perfiles son aún difusos. Dicho espacio, abre diversas posibilidades: desde la apertura de un nuevo “ciclo progresista” que buscará canalizar el descontento social producto de las dinámicas de la acumulación de capital –precariedad laboral, endeudamiento, ausencia de seguridad social (previsión, salud, educación), deterioro ambiental, recrudecimiento de la violencia de género– hasta la posibilidad de irrupción del pueblo trabajador como sujeto político con capacidad decisional efectiva sobre los problemas que lo afectan directamente.
Esto significa que aún no se ha logrado cerrar el ciclo político de reivindicaciones sociales por reformas y cambios institucionales que apunten a la recuperación de derechos sociales arrebatados por la dictadura y la transición. Sin embargo, esta situación no se traduce automáticamente a un aumento del descontento o la conflictividad sino que, en algunos casos, en deseos de integración plena al desarrollo capitalista.
El movimiento feminista ha sido hasta ahora el principal sector movilizado que ha instalado con fuerza, a partir de la marcha del 8 de marzo y el subsecuente desarrollo del llamado “mayo feminista”, la necesidad de responder de manera concreta ante las diversas dinámicas de precarización histórica de la vida de las mujeres, mientras que el gobierno busca profundizar dichas dinámicas a pesar de su burdo intento por “dar respuesta” a sus demandas. En particular, las reivindicaciones clave han sido la erradicación de toda forma de violencia patriarcal en los espacios estudiantiles (educación no sexista) y sociales en general; el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito; el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado, entre otras demandas, todas vinculadas a aspectos transversales de la dinámica de la acumulación capitalista en nuestro país.[15]
Por otra parte, las dinámicas de contención social de los procesos de movilización no son fenómeno nuevo. Durante el periodo de transición las fuerzas dirigentes de la Concertación contuvieron a la clase obrera mediante el reparto de una porción de la renta de la tierra, destinándola a planes de asistencia social (“crecer con igualdad”). Luego se vivió un proceso de desacople de las bases sociales de esas fuerzas ante la caída de los precios de las materias primas. Ante esto, la apuesta de contención de la Nueva Mayoría fue cooptar las reivindicaciones sociales mediante una propuesta de integración, de suaves reformas y promesas que gestionaran el malestar, resguardo así su control del aparato burocrático del Estado.
Frente a la represión directa, las dinámicas de contención siguen siendo la táctica predilecta de las clases dominantes para hacer valer sus intereses y reproducir así su hegemonía. Actualmente se evidencia una relativa dificultad del Bloque en el Poder para sortear exitosamente la agitación social mediante tácticas de contención y/o neutralización de los sectores movilizados. Ante esto, la derecha y Piñera han entendido que el malestar no solo se canaliza por la izquierda, y por ello vienen a contener y desarticular la posibilidad de apertura de un ciclo político en donde dicho descontento sea la puerta de entrada a escenarios de ruptura. Su tarea de contención se sustenta en apoyos desde la clase obrera más precarizada, ideológicamente más conservadora y/o aspiracional, en desmedro de las políticas hacia los “sectores medios”.
Qué podemos hacer en lo inmediato
Frente al actual escenario de realineación, disputa de fuerzas políticas y ofensiva contra el pueblo trabajador, nuestra capacidad de respuesta como izquierda, en general, ha sido desigual, dispersa y tardía. Nuestras organizaciones se ven impulsadas a responder como pueden, teniendo conciencia de que no sólo estamos en desventaja, sino que los instrumentos políticos con los que contamos son insuficientes para articular una contestación a la altura de esta nueva ola de ofensivas. La coordinación de nuestras tareas sigue siendo necesaria pero de ninguna manera suficiente. Surge la necesidad de contar con instrumentos políticos que den efectividad y unidad a nuestras acciones aún parceladas sectorialmente y marginales respecto de las grandes disputas. Como organizaciones en perspectiva revolucionaria, no podemos seguir eludiendo la urgencia de dar pasos decisivos en la dirección de superar la situación en la que nos hemos mantenido durante los últimos años.
NOTAS
[1] Nueva Ley de migración redactada desde la perspectiva de la Seguridad Interior del Estado; Estatuto Laboral para jóvenes; Reforma al SEIA para promover las inversiones; Indultos a reos por crimines de lesa humanidad, etc. sólo por mencionar algunos ejemplos.
[2] Por muy coyuntural que sea, toda lectura que pretenda situarse en relación a las tendencias políticas generales que asumen los procesos nacionales de acumulación de capital en América del Sur y en Chile, debe partir de la base de que los ciclos políticos se configuran como momentos en la reproducción de la forma particular que asumen dichos procesos como parte de la unidad mundial del proceso de acumulación de capital, y no de manera externa o en abstracción a estas determinaciones. Buscamos de esta manera, evitar la tendencia, muy común en la izquierda, a hablar permanentemente de crisis en clave catastrofista o triunfalista sin mayor diferenciación, o hacia análisis ultra-politicistas que apelan de manera casi exclusiva a la violencia extra-económica como explicación última de la dinámica concreta que asume la lucha de clases como forma política del desarrollo histórico del proceso de acumulación.
[3] Por ejemplo, las diversas formas de impuestos a la exportación, el endeudamiento externo, la baja salarial o la sobrevaluación de la moneda nacional en relación al dólar, etc.
[4] A los capitales que operan en esos países, y que poseen filiales en Chile y la región, se les presenta la necesidad de recuperar una porción de la renta que pagaron importando mercancías primarias producidas en condiciones naturales diferenciales que permiten una productividad del trabajo superior a la media (de ahí que la renta represente una forma de ganancia extraordinaria). La reproducción de la acumulación en base a la producción de mercancías portadoras de renta de la tierra sólo tiene sentido si el abaratamiento de las mercancías que exporta contribuye a la disminuir el valor de la fuerza de trabajo empleada en los países importadores. Para esto es necesario que, por un lado, fluyan masas de riqueza social hacia los países primario-exportadores por la vía de facilitar créditos externos, exportar capital para maquinaria y transporte eficiente de mercancías primarias y, por otro, que el Estado nacional gestione dicha riqueza de manera de proteger la propiedad privada de la tierra, garantizando el control sobre el territorio y, por tanto, asegurando la reproducción de esta modalidad particular de acumulación en el país y la región en cuestión. Ver: https://tinyurl.com/yd298cbk; https://tinyurl.com/y8kzen2m
[5] Respecto de las tendencias mundiales, podemos plantear el siguiente problema: ¿cómo lo hará el capital social para no colapsar con una rentabilidad relativamente estancada y una capacidad de producción que excede lo que éste puede absorber? Ver: https://tinyurl.com/ybuees46
[6] https://tinyurl.com/ydyyznro; https://tinyurl.com/y7zxzd3g; https://tinyurl.com/ybrqm9gs
[7] Podemos identificar, al menos, las siguientes corrientes: una derecha doctrinaria (J.A. Kast, Gonzalo Rojas, Acción Republicana), una derecha social (M. Ossandón, Lavín), una derecha liberal (F. Kast, Evópoli, C. Bellolio, K. Rubilar, L. Pérez), una derecha tradicional (UDI, H. Larraín, J. Novoa), una derecha neoguzmaniana (Longueira, gremialismo universitario), una derecha social-nacionalista (neofascismo social, Acción Identitaria, Movimiento Social Patriota). Estas corrientes están actualmente hegemonizadas por una derecha de carácter centrista (Piñera, Aylwin, Rabinet, Zaldívar) respaldada públicamente por los grandes capitales aunados en sus respectivos gremios.
[8] https://tinyurl.com/yc89chsl
[9] https://tinyurl.com/y9wzr6ql
[10] https://tinyurl.com/y7yzplap
[11] https://tinyurl.com/ybfoxj42
[12] https://tinyurl.com/yc875jm2
[13] https://tinyurl.com/ybwyhuyf
[14] Lo que no es otra cosa que seguir esperando entre la retaguardia ideológica y el espontaneísmo disfrazado de organización de masas.
Militante del Colectivo La Savia
